Las reformas de abril de 2025 reconocen la integridad empresarial como criterio diferenciador en contrataciones públicas. Este artículo analiza su impacto, las oportunidades para empresas con programas de cumplimiento robustos, y propone avanzar hacia su obligatoriedad como requisito mínimo. La integridad deja de ser un ideal y se convierte en un factor estratégico clave para competir con ética en el sector público.